Piden la indagatoria de Jorge Capitanich por favorecer a Lázaro Báez en Chaco

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El fiscal Gerardo Pollicita acusa al ex jefe de Gabinete y otros funcionarios K de repetir en su provincia el esquema de direccionamiento y sobreprecios que hubo en Santa Cruz.

Con ramificaciones ya incontables, las maniobras defraudatorias a través de la obra pública vinculada a Lázaro Báez suman un nuevo capítulo. El fiscal Gerardo Pollicita pidió que sean llamados a indagatoria Jorge Capitanich, las principales autoridades de Vialidad Nacional -empezando por su anterior administrador, Nelson Periotti-, Báez por supuesto, como también su ex contador Fernando Butti, el abogado Jorge Chueco y el presidente de Austral Construcciones-Julio Mendoza-, entre otros.

El pedido ante el juez federal Julián Ercolini se enmarca en la causa en la que Cristina Kirchner está procesada como jefa de una asociación ilícita por haber direccionado la obra pública a favor del Grupo Austral. El empresario K fue beneficiado con 52 contratos viales en Santa Cruz por 46.000 millones de pesos. La mitad de estas obras no se concluyeron y sin embargo, según una auditoría del Gobierno actual, se pagaron sobreprecios del 65%.

Las maniobras investigadas no quedaron circunscriptas a la provincia de Santa Cruz. El fiscal  Pollicita pidió la indagatoria del empresario K, de ex funcionarios de Vialidad Nacional y de Capitanich por una serie de contratos otorgados a Sucesión Adelmo Biancalani (integrante del Grupo Austral) que respondieron a la misma “matriz de corrupción”: obras cobradas, sin realizar y con un “direccionamiento en los contratos”.

“Esta maniobra de corrupción orquestada desde las altas esferas del gobierno nacional, con miras a apoderarse de fondos públicos, derivó en que la estructura montada dentro de Vialidad se extendiese el sistema de asignación irregular de obras públicas –con miras a satisfacer los codiciosos intereses espurios de la organización- a otras provincias del país”, indica el dictamen de Pollicita

El fiscal se refirió a la provincia de Chaco y apuntó contra las responsabilidades provinciales, sin las cuales no se podrían haber satisfecho “los intereses espurios de la organización delictiva”. Por otro lado, apuntó a la estructura interna del Grupo Báez, que con la adquisición de Biancalani “incrementó la cantidad de obras otorgadas de manera irregular” y se “apropiaron de fondos fuera de los límites de Santa Cruz”.

En Chaco, el dueño del Grupo Austral fue favorecido con contratos por 586,4 millones de pesos con la firma Biancalani. Algunos fueron por caminos nacionales y otros provinciales, financiados por intermedio de convenios con Vialidad Nacional, algo que también se utilizó en Santa Cruz. El resultado fue el mismo: obras con redeterminaciones de precios, como tramos de la Ruta 7 que terminaron con costos de 101% más caro que lo licitado y no se realizaron.

Según los números que maneja la Justicia, Vialidad Nacional pagó a Báez en Chaco el kilómetro más caro. Para una obra de 57 kilómetros de pavimento junto con accesos y empalmes a la ruta, el costo fue de 2.929.089 pesos por kilómetro, mientras que en una obra de iguales características otorgada a otra empresa en el mismo período (2009-2010) se pagó 1.692.745 pesos.

Para Pollicita, la maniobra se implementó en Chaco con la anuencia de Capitanich, quien “se ocupó de la designación de los funcionarios provinciales a cargo del órgano vial, se encargó de rubricar con las autoridades nacionales las Addendas al Convenio marco de las cuales se derivaron importantes sobreprecios en las obras contratadas e intervino en los distintos Actos de Apertura de las Licitaciones cuestionadas para de ese modo garantizar el éxito de la maniobra”. Por ello, solicitó que sea llamado a indagatoria.

Además, detalló las responsabilidades atribuidas a las autoridades provinciales vinculadas a Vialidad, que no “supervisaron la marcha real de la obra” sabiendo que los certificados mensuales, “no se ajustaban a la realidad, que los plazos de obra eran groseramente incumplidos” y en consecuencia, que las “ampliaciones y neutralizaciones no estaban debidamente justificadas y que las certificaciones presentaban groseras inconsistencias”.

Todas estas maniobras que se replicaron en la provincia de Formosa y en el sur del país, permitieron que el patrimonio de Lázaro Báez tuviera un incremento “en el orden del 45.313%”, señaló el representante del ministerio Público Fiscal. En 2002, el empresario K tenía un patrimonio de 1.123.181 pesos, y hacia 2012 llegó a superar los 600 millones de pesos

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