Extinción de dominio: La impunidad no debe alcanzar a nadie

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Por María Teresa Celada. Concejal de la ciudad de Resistencia por la UCR.

 

El Senado de la Nación tuvo en sus manos la posibilidad de sancionar una ley que brinde herramientas al Estado para recuperar todo tipo de bienes que provienen de hechos delictivos, pero un sector de la Cámara Alta terminó por imponerse en la votación, votando por un proyecto que pierde la naturaleza del original.

 

En primer lugar, debemos señalar algo importante: el proyecto de extinción de dominio aun NO es ley. La aprobación del proyecto impulsado por el Senador Urtubey, al no ser el mismo que votó la Cámara de Diputados (hace poco más de dos años), requiere que ahora dicho proyecto vuelva a la Cámara Baja que tendrá dos opciones: insistir sobre el original (necesitando la mayoría simple), o bien, apoyar el aprobado el pasado miércoles.

 

¿Qué es lo que está en debate? Hay diversos puntos que son fundamentales en el proyecto y que hacen a la esencia del mismo. El proyecto de ley de extinción de dominio le daría al Estado mayor capacidad para recuperar bienes (muebles o inmuebles) vinculados con delitos tales como la corrupción, narcotráfico, trata de personas, etc.

 

Pero empecemos por lo básico: ¿Qué es y de que se trata la extinción de dominio?  Es, ni más ni menos, una forma que el Estado tiene para poder recuperar bienes, como ser dinero, autos, casas, etc., a una persona que haya accedido a ellos a través de un hecho delictivo.

 

¿Qué tiene de innovador la extinción de dominio? Uno de los puntos principales del proyecto votado originalmente en la Cámara de Diputados, es que se busca que esta herramienta legal (la extinción del dominio) vaya por el camino de la justicia civil y se realice de forma separada a la causa penal. Es decir, una persona que haya accedido a bienes a través de, digamos, hechos de corrupción, será juzgado por un proceso penal, pero todos sus bienes pasarían por la Justicia Civil, con el objetivo de darle celeridad para corroborar el origen de esos bienes y brindar la posibilidad al Estado de incautarlo.

 

Además, otra cuestión fundamental, es que al pasar por el fuero civil, la medida puede ser retroactiva, es decir, recuperar bienes de delitos que ya ocurrieron y no solo de los que ocurrirían de aquí en adelante. No requiere que haya una condena firme, pero si un procesamiento iniciado y la demostración del origen de los bienes en cuestión.

 

¿Cuál es la diferencia con el proyecto aprobado en el Senado? Los dos puntos señalados previamente son las cosas fundamentales en juego. Mientras que el proyecto aprobado en Diputados establecía la retroactividad y el pase al fuero civil de lo relativo a los bienes, el proyecto aprobado en el Senado que impulsó Urtubey no permite ese camino paralelo entre los fueros: dice que toda acción civil debe ser tramitada dentro del fuero penal y que la extinción del dominio solo podría aplicarse cuando exista una condena en primera instancia.

 

Esto mismo modifica el otro punto en cuestión mencionado anteriormente: ya no puede aplicarse la retroactividad, ya que la legislación en materia penal nunca puede ser retroactiva.

 

¿Qué cambia entonces? De prosperar el proyecto impulsado por Urtubey y aprobado en el Senado, la Argentina tendría la figura de extinción de dominio, pero no podrá ser aplicada a ninguno de los casos que están siendo ahora juzgados, como ser los bolsos de López o los cuadernos de Centeno. Tampoco       podría aplicarse a ningún delito que pudiese haber existido en otras administraciones. Básicamente, no permitiría que la Argentina recupere lo robado.

 

Ahora la responsabilidad vuelve a estar en la Cámara de Diputados, que debatirá sobre dos proyectos en juego, y en ese marco, el proyecto aprobado en Diputados es el que da más garantías de realizar una lucha contra la corrupción en serio. La impunidad no debe alcanzar a nadie: ni a los que están, ni a los que estuvieron ni a los que estarán. Es hora de dar un salto de calidad en la calidad institucional de nuestro país y son los legisladores los que tienen la responsabilidad de decidir cómo nos paramos frente a la lucha contra la corrupción.

 

Esto no es persecución política. Esto es darle al Estado herramientas para recuperar lo robado, para que de ahora en más, todos los que cumplan funciones públicas y se vean tentados de meter la mano donde no deben, lo piensen más de dos veces.

 

Sres. Diputados, una gran parte de la Argentina pide por la Ley de Extinción de Dominio en su texto original. Está en sus manos.

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