El Gobierno presentó un Plan de Seguridad Contra los Femicidios y especialistas salieron a criticarlo

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El Plan, de 74 páginas, incluye propuestas y cambios normativos, como que los delitos de acción privada pasen a ser públicos.

“Nos resulta fundamental este cambio de fondo porque al Estado no le es indiferente una mujer que este atravesando una situación de violencia”, escribió Mauricio Macri al comienzo del Plan Nacional de Seguridad para la Reducción de Femicidios, un documento de 74 páginas que tiene como objetivo “reducir la incidencia de los femicidios en la República Argentina, como mínimo, en un 30%, en tres años”. Tras cuatro años de Gobierno y a 25 días de las elecciones nacionales, el presidente anunció el Plan a través de Facebook.

El Plan 20-23 tiene 22 puntos, pero se sintetizan en tres: la prevención, la protección y la investigación. Como prevención se propone crear “un sistema unificado de toma de denuncias por violencia de género”. Como protección propone “las fuerzas policiales”, y luego habla de la “investigación criminal” de la justicia con el auxilio de las fuerzas policiales. Es un plan que entiende la violencia de género y los femicidios como crímenes relacionados con la seguridad.

Macri afirmó que “las herramientas disponibles en materia de seguridad destinadas a proteger a la mujer han demostrado de manera dramática ser insuficientes hasta hoy”. Y propuso “medidas extraordinarias contra la violencia de género”, como “que la Justicia esté obligada a intervenir desde la primera denuncia”, “centralizar la información”, “acción concreta desde la primera alerta” y “policía preparada”, medidas que deberían ser una realidad.

Dentro del Plan se proponen cambios normativos: “Vamos a transformar las denuncias por violencia de género en denuncias de instancia pública, como lo es, por ejemplo el abuso infantil. Hoy enviamos un proyecto de ley al Congreso para que esto suceda”, anunció Macri.

“Los femicidios son el último eslabón de una cadena de varios hechos violentos, muchas veces no denunciados por las mujeres, en parte por desconfianza o temor a las autoridades policiales o judiciales. Según el Informe de Femicidios del Ministerio de Seguridad de la Nación, solo el 16,4% de las mujeres víctimas de femicidios habían hecho una denuncia previa”, argumentó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el Plan 20-23.

“Es fundamental la instancia pública, porque sabemos que sólo dos de cada diez mujeres víctimas de femicidios hicieron la denuncia. Por lo tanto si entre las víctimas del mayor nivel de riesgo, solo dos de cada diez hicieron la denuncia, hay por lo menos un 80 por ciento de las mujeres que están sufriendo violencias de género que no están haciendo la denuncia por diferentes cuestiones: barreras institucionales, miedo, vergüenza, desconocimiento. Nosotros como Estado no podemos estar esperando que ellas se animen a hacer la denuncia… Es el Estado el que tiene que cuidar y proteger a las mujeres”, explica a Clarín Carolina Barone, Coordinadora de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad y a cargo de la coordinación y redacción del Plan.

“Proponer de un día para el otro que todos los delitos sean de acción pública es hacer una mala comprensión de la violencia de género. La mayoría ya lo son, pero las lesiones y los de integridad sexual no. Si se le impone al Estado a investigar se le va a imponer a una mujer que sea víctima, y eso no se puede imponer. Además, puede ser peor para ella. Si no está preparada, si no es el momento indicado de hacer la denuncia, si no está protegida y contenida, es probable que la llamen para que declare y ella mienta, que niegue todo, que tenga miedo”, explica a Clarín Natalia Gherardi, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.

“¿Dónde queda la autonomía de las mujeres? El estado debe pensar dónde poner sus recursos. En lugar de denunciar, podría primero dedicarse a mejorar la autonomía de las mujeres, a resolver la violencia, a ofrecer un mínimo de contención social y económica. Recién después se deberá discutir y debatir el tema de las denuncias”, agrega Gherardi.

“Es un tema espinoso el de los delitos de acción pública versus privada. Los delitos sexuales más las amenazas y las lesiones son de acción privada. Desde mi punto de vista hay algo en que los delitos sexuales sean de acción privada en cuanto a que no se considera la gravedad de estos delitos, un arrastre en cuanto a que la víctima tiene que sentir vergüenza para seguir adelante con estas denuncias. Me parece que esto hay que revisarlo y pensarlo desde otro lugar, de un nuevo paradigma”, opina Mariela Labozzetta, al frente de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).

“Son delitos de mucha gravedad, después de un homicidio lo que le sigue es una violación. Desde ese punto de vista no hay razón para que sea un delito de acción privada, pero en un estado de situación tal como el que tenemos hoy en la Justicia sabemos lo que implica para una víctima denunciar. El sistema es deficitario, revictimizante, las mujeres son sometidas a un sistema opresivo y expulsivo donde no son contenidas sino tratadas de mentirosas, se las hace declarar un montón de veces, etcétera, etcétera -agrega Labozzetta-. Es un debate mucho más largo que hay que pensarlo más seriamente. No es una medida para sacar así nomás sino que hay que discutirla con la sociedad, las víctimas y los movimientos de mujeres”.

Algo similar dice Romina Pzellinsky, titular de la Dirección General de Políticas de Género de la Procuración General de la Nación: “Hacer que todos estos delitos sean públicos hoy y que la Justicia no pueda darles una respuesta no sirve. Se necesita un debate más profundo, no pensar que esa será la solución. Hay momentos y situaciones de mucho riesgo a las que hay que evaluar caso por caso y que nosotros nos tomamos mucho tiempo en preparar. El denunciómetro porque sí no está bueno”.

“Llevamos cuatro años comprometidos en trabajar por la erradicación de la violencia contra la mujer”, aseguró Macri en su presentación. Lo cierto es que las denuncias y los femicidios no paran. “Dos mil años de patriarcado no se acaban en tres años”, explica Barone, que a su vez admite que “hoy el Estado no está preparado para dar respuesta a las denuncias”.

“Los femicidios no bajaron. Si bajó la violencia no lo sabemos porque no hay datos. Lo que está claro es que si hablan de Plan de Seguridad ya tenemos un problema. Entre el 70 y el 80 % de los femicidios son cometidos por parejas o ex en las casas de las víctimas. No es un tema de seguridad”, asegura Gherardi.

“La violencia contra las mujeres es la consecuencia inmediata de las desiguales relaciones de poder que existen entre los géneros, es un problema cultural y político, y es la prevención desde donde el Estado debe intervenir para combatirla. Las medidas anunciadas por el presidente no dicen nada en relación al problema estructural que representa la violencia machista contra mujeres y diversidades y cómo abordarlo. Muchas debieran estar puestas en marcha desde hace años”, dijo Raquel Vivanco, del Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven” que lleva estadísticas de femicidios que aseguran que el promedio de femicidios en lo que va de 2019 es el mayor de los últimos 4 años: 1 cada 26 horas.

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